A un año de la implementación de la Ley: en San Luis se practicaron más de 700 abortos
La puesta en marcha de la norma cumplió su primer aniversario. Desde el Gobierno provincial aseguraron que la respuesta a los casos es del 100%, mientras que sectores que se oponen sostuvieron que no renuncian a "la lucha para derogarla".
Con 38 votos a favor y 29 en contra, el 30 de diciembre del 2020 fue sancionada la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un mes después, el 24 de enero, entró en vigencia.
Desde ese momento y hasta noviembre del año pasado, en San Luis se registraron 723 abortos en el marco de la ley. La mayoría se produjeron en el segundo semestre ya que en el periodo enero-junio el número era de 244. En tanto que a nivel nacional se practicaron 32.758.
Los datos pertenecen a la dirección de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud de la Nación, organismo que está encargado de la regulación y la implementación efectiva en conjunto con las carteras sanitarias de cada provincia.
La norma contempla una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo, sin tener que explicar motivos, hasta la semana 14 inclusive.
De acuerdo a la información solicitada por El Chorrillero, en el país existen 1243 centros de salud y hospitales públicos que garantizan este derecho.
“Nuestra misión es la de contribuir con la protección de los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, de forma concurrente y respetando las competencias y obligaciones provinciales”, sostuvieron desde la dirección.
En esta misma línea indicaron que esto “permite alcanzar mayores niveles de justicia social en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población”.
En San Luis hay al rededor de 30 centros de salud que garantizan la norma. (Foto Marcos Verdullo).
Lo cierto es que el proyecto desde su ingreso en las comisiones del Congreso Nacional, ocupó uno de los principales debates dentro de las instituciones del Estado y de la sociedad.
A partir de su implementación, se presentaron múltiples acciones judiciales con el objetivo de detener la Ley Nº 27.610. Según lo publicado por el Proyecto Mirar, realizado por el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, se iniciaron 36 presentaciones. En San Luis fueron iniciadas dos. En una de ellas se declaró la inconstitucionalidad, pero poco tiempo después la Cámara de Apelaciones revocó el fallo.
Por otra parte, profesionales de centros de salud privados puntanos utilizaron la objeción de conciencia para no llevar adelante los procesos. No se conoce el número preciso.
El principal método utilizado para la interrupción es el medicamentoso. A mediados del 2021 Laboratorios Puntanos comenzó con la fabricación de misoprostol, la pastilla abortiva.
Más allá de eso, desde la cartera sanitaria nacional indicaron que se remitieron 827 tratamientos de misoprostol (cada uno de 12 comprimidos) al 15 de diciembre.
“Con la nueva ley se abre una nueva etapa signada por la necesidad de diseñar e implementar una política de acceso al aborto de carácter federal, basada en información local y comparada, con vocación de rendición de cuentas, y suficientemente permeable y flexible para introducir las modificaciones necesarias para dar respuesta oportuna y apropiada a los cuellos de botella y los obstáculos”, aseveraron en Mirar.
Durante los primeros seis meses del 2021, San Luis presentó 1,9 interrupciones cada 100 mil mujeres en edad fértil y se ubica por debajo de lo registrado a nivel país (3,2).
La jurisdicción que lidera este ranking es la Ciudad de Buenos Aires con 5,6, en tanto que Corrientes (0,6), Misiones (0,6), Chaco (0,9), San Juan (0,9) y Santiago del Estero (1,3), son aquellas donde el número es mucho menor.
“Estas diferencias podrían atribuirse a un mayor acceso efectivo por una mejor disponibilidad de recursos humanos y efectores garantizando servicios, por mejores registros de las prestaciones, por mayor demanda de la población, entre otras”, resaltaron desde la organización.
“El balance es positivo”
La jefa del programa de Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva del Gobierno provincial, Yolanda Bertazzo, trazó un análisis de la aplicación en San Luis y calificó a la experiencia como “positiva”.
En declaraciones a este medio la funcionaria señaló que “se otorga una respuesta en casi el 100% de los casos que llegan al ámbito público”.
Dentro del territorio puntano alrededor de 30 centros de salud públicos actúan bajo el marco de la ley, de las cuales las tres maternidades ubicadas en la capital, Villa Mercedes y Merlo abordan los casos más complejos, como aquellos que deben ser contemplados en la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Jefa del programa de Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva, Yolanda Bertazzo. (Foto ANSL).
En este sentido manifestó que “casi el 95% de las interrupciones se hacen de manera ambulatoria a través de comprimidos (misoprostol), siempre con controles antes y después”.
“Hay que remarcales a todos aquellos que decían que los hospitales iban a ‘estar lleno de gente’ y que ‘iban a ocupar camas’, que prácticamente no tenemos ocupación por este tema”, aseveró.
Más allá de ello, Bertazzo indicó que entre los principales problemas o “trabas” con los que deben tratar son aquellos episodios en el que los objetores de conciencia “no derivan” a las pacientes.
“Esto existe a nivel privado y público pero la objeción contempla que se debe derivar a la paciente, decir en dónde puede acudir, etc. Es uno de los principales problemas, no solo en la provincia sino en el país”, precisó.
En este sentido dijo que en el medio del proceso intervienen, incluso, cuestiones ligadas a lo cultural y a lo social: “Es difícil que una mujer embarazada pueda realizar una interrupción en una localidad que tiene mil personas porque está ‘mal vista’. Son cuestiones que llevarán su tiempo. Llevamos un año y creo que hablaremos de otra forma de acá a 10 años”.
Seguidamente indicó que registraron casos en el sector privado donde mujeres mutualizadas “no consiguen respuestas” y que acuden a los hospitales estatales “cuando por ley las obras sociales deben cubrirlas en el 100%”.
“Debemos seguir apostando a la anticoncepción y a la promoción de un embarazo querido y aceptado. También debemos hacer lo mismo con la prevención, no quiere decir que por una ley abandonemos lo otro. Preferiríamos que absolutamente todas las mujeres y hombres se cuidaran y que no tengan que llegar a esta situación, pero si llegan hay un Estado presente”, consideró.